La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) aprobada en el Senado, instrumenta los criterios de la reforma constitucional y crea los centros nacionales de información e inteligencia, capacitación, certificación y control de confianza. Un avance sustantivo es que las corporaciones policíacas locales sólo podrán contratar a personal certificado por las instancias del SNSP. Además, la ley introduce atribuciones para implementar mecanismos de evaluación en la aplicación de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública. Esta facultad, es una reacción del Ejecutivo Federal frente a la decisión de los diputados de incrementar el presupuesto de seguridad que ejercen de forma anárquica y desarticulada los gobiernos locales. En la actualidad los fondos de seguridad ejercidos localmente se subejercen o se aplican sin un debido análisis de utilidad social, incluso abriendo la puerta a posibles desvíos para fines electorales. Sin embargo, es importante recordar que la atención de 95% de los delitos corresponde a las autoridades locales. Por esto, la nueva legislación toca un tema que se politiza fácilmente. Se espera que los acuerdos y coincidencias sigan siendo puntuales, con ciertos estados, durante ciertos periodos y en operativos específicos.
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