Actualmente se discute en el Congreso la iniciativa sobre extinción de dominio, a la que se le ha criticado que, en contra de la presunción de inocencia, obliga a que el dueño del bien demuestre que no sabía que éste era dedicado a actividades ilícitas, subsidiando las deficiencias probatorias que pueda tener la autoridad. En esta guerra contra el crimen organizado se aumentan facultades discrecionales, se desestima el debido proceso, se revierte la carga de la prueba, se reducen los derechos de las personas investigadas y se espera que los jueces cierren filas con la policía, avalando y tolerando sus acciones u omisiones. Así tenemos el arraigo, la delación, prisión preventiva, incomunicación de detenidos, etc. Una gran paradoja: 80% de los mexicanos desconfiamos de las policías y del ministerio público y, sin embargo, a esas mismas instituciones poco profesionalizadas y penetradas por el hampa les damos cada vez más atribuciones y aplaudimos sus excesos.
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