La muerte del exgobernador de Colima, Silverio Cavazos, es un crimen que debe rechazarse y esclarecerse, al igual que el resto de los miles de asesinatos que ocurren en el país. Ni los reflectores ni las especulaciones sin evidencia que concurren en este caso, como tampoco el manejo político que pretende darse a la investigación debieran distraer de ese hecho.
Sería necio sugerir que el carácter de exmandatario estatal de la víctima, como el de virtual gobernador electo de Rodolfo Torre Cantú en Tamaulipas, no introducen un ángulo político. De hecho, en las contradicciones del Gobernador de Colima y el Procurador estatal, lo mismo que en la expectativa de que la Procuraduría General de la República atrajera de inmediato el caso –y la reticencia del Gobierno Federal a hacerlo– se aprecia claramente la necesidad de darle un sentido político al evento, se justifique o no, pero también de transferir las responsabilidades a alguien más, lo que sí es injustificable.
La indiferencia con la que la opinión pública nacional recibió la muerte de Cavazos puede atribuirse al hecho de que las autoridades han encontrado una salida fácil en el viejo refrán, convertido en cliché, de que “el que nada debe nada teme” y que la oposición/gobierno del PRI y el PRD se han dedicado a culpar de todo lo que pasa al Gobierno Federal, minimizando la responsabilidad que pudieran tener. Finalmente, es el propio PRI el que con una mano señala que es necesario cambiar la estrategia de seguridad y con la otra minimiza el asesinato de sus militantes-mientras el PRD recicla un discurso de guerra sucia.
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