Tras la reciente caída de la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), precedido por la firma del decreto para la reforma educativa, la población en general podría tener una expectativa de cambio en los indicadores en términos educativos. Sin embargo, la realidad es que eso no necesariamente ocurrirá. Los problemas de la instrucción pública en México son estructurales y no pueden erradicarse con un descabezamiento sindical, ni con letras legales que, sin un sustento adecuado, estarán condenadas a morir. Dada la historia reciente, una reforma estructural en esta materia requiere de una redefinición en la relación gobierno-sindicato, circunstancia que la detención de la otrora líder hace posible, pero no garantiza que así ocurra. Entonces, ¿qué le puede esperar a la educación sin Elba, y con reforma?
Parte del problema es que, a ciencia cierta, nadie fuera del sindicato sabe qué resistencias son reales –de la base- y cuales eran instrumentos de control por parte del liderazgo. Suponiendo que el liderazgo representaba, al menos en términos generales, las posturas de la base, se podría decir que hay resistencias fuertes pero no inmanejables. En términos generales, la reforma educativa establece, entre otras cosas, la creación de un sistema de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional de docentes (tema al que tanto se resisten algunos grupos de profesores), un señalamiento de potencial cambio en los contenidos educativos, entre ellos planes y programas de enseñanza (otra resistencia tradicional), y la creación de un censo nacional de escuelas y maestros (aspecto ya desarrollado en el sexenio pasado con la creación del Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas, y con la iniciativa de Gobierno Abierto, abandonado hasta el momento por la administración peñista). Sobre el tema de la evaluación, el desarrollo del tentativo Sistema de Servicio Profesional Docente bajo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) será fundamental en tanto que se le darán las responsabilidades de plazas y salarios que anteriormente sostenía el SNTE, se otorgará autonomía constitucional al mismo INEE, y habrá una nueva conformación de su Junta de Gobierno. No obstante, el impacto de la reforma no podrá percibirse a corto plazo, mucho menos mientras ni siquiera se haya reglamentado por medio de la Ley General de Educación. Con todo, es importante acotar algo obvio: no es posible saber qué podría proceder hasta que el propio gobierno, en cuya cancha está ahora el balón, plantee una nueva iniciativa en materia educativa, ahora en un contexto político radicalmente nuevo.
Respecto a la detención y subsecuente auto de formal prisión contra Gordillo, este hecho marcó una pauta de conducta cooperativa del SNTE frente al gobierno en turno. Cabe destacar que la detención de Elba Esther acaeció justo un día antes de la apertura del XXXVI Consejo General del SNTE, en el cual había trascendido se fijaría una estrategia de resistencia ante la firma de la reforma educativa. Por el contrario, Juan Díaz de la Torre, quien sustituyó a Gordillo como líder del SNTE, no tardó mucho en dar su aval a la reforma educativa. Así, el gobierno de Peña Nieto mandó un claro aviso acerca de cómo operará políticamente y, como señaló hace unos días de cara a la XXI Asamblea Nacional del PRI, el único interés que defenderá (protegerá) será el de la nación –por supuesto, entendiendo nación como su programa de gobierno.
Ahora, más allá del aspecto político, es pertinente preguntarse: ¿cómo hacer más eficiente el gasto público en materia educativa y cuáles deberían de ser los objetivos detrás de la reglamentación de la reforma? La evaluación de docentes y el control de plazas y salarios fuera del SNTE es un inicio. Después, establecer una estrategia factible para rápidamente elevar la calidad educativa. Aquí las propuestas abundan. Sin embargo, todas ellas podrían encarar una barrera que no sabemos si ha sido derribada del todo. La figura del dirigente del SNTE, llámese Elba Esther Gordillo, Carlos Jonguitud, o quien sea, dada la influencia y el poder implícito en el manejo de más de un millón de afiliados, no deja de ser una hidra producto de un esquema corporativista corrupto heredado del régimen autoritario. En el pasado, cortar su cabeza no ha sido suficiente. ¿Podrá este gobierno acertar en su corazón para derrotarla? El tiempo apremia y, por lo menos por ahora, la iniciativa está del lado gubernamental que, paradójicamente, también parece haber quedado sorprendido por la celeridad con que se desenvolvió el nuevo escenario.
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