La resolución de la Suprema Corte sobre el caso de la guardería ABC pondrá en la mesa un debate relevante: la interpretación de la norma en cuanto a la responsabilidad de los servidores públicos por actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones, así como de sus subalternos. En la interpretación jurídica de las responsabilidades hay dos visiones: la relativa a la responsabilidad explícita de los funcionarios públicos únicamente por atribuciones expresas inherentes a su cargo; y la de responsabilidad abstracta de los funcionarios a partir de la cadena de mando y la corresponsabilidad de actos u omisiones de un jerárquico inferior al que están obligados a monitorear y supervisar.
Bajo la interpretación de responsabilidad explicita la Corte podría determinar como responsables a funcionarios de nivel medio encargados de la supervisión de las guarderías. También encontraría responsabilidad en los funcionarios de la administración pública local que autorizaron la instalación en una zona de riesgo y validaron las condiciones de seguridad.
Bajo la interpretación de responsabilidad abstracta la determinación de la Corte podría incluso alcanzar como corresponsables de la tragedia por omisión –en su carácter de cabeza de la cadena de mando– al propio Director General del IMSS, Daniel Karam, y al ahora titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar –al ser titular del IMSS al momento de otorgarse los contratos y permisos de operación de las guarderías. Esta interpretación también podría incluir al ex gobernador Eduardo Bours, ya que en su administración se dieron los permisos de instalación, apertura, operación y de protección civil.
Lo cierto es que, incluso cuando la Corte encontrara responsabilidad y/o corresponsabilidad en los funcionarios, además de que sus resoluciones no son vinculantes, es probable que no haya suficientes elementos de consignación y todo concluya en sanciones de corte moral, que eventualmente provocarían renuncias o bien remoción de cargos. Independientemente de la conclusión a que la Corte llegué, el caso ABC desnuda el funcionamiento del aparato público en México: en la práctica no existe responsabilidad en los funcionarios por su actuación u omisión. La causa es una instancia de fiscalización débil, carente de elementos técnicos y legales para operar, donde los incentivos a supervisar el cumplimiento de la normatividad y la aceptación de responsabilidades responden casi exclusivamente a voluntades políticas.
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