El Gobierno de Tabasco anunció esta semana un plan de austeridad que incluye despido de empleados y desaparición de dependencias entre otras acciones. La decisión responde a la falta de recursos y a los requisitos que establecen las calificadoras para que los gobiernos locales puedan optar por fuentes alternativas de financiamiento –como la bursatilización de las transferencias federales que ya realizan varios estados como Veracruz, Estado de México y el Distrito Federal. Sin embargo, no necesariamente hay indicios que permitan inferir que las medidas estén encaminadas a mejorar su eficiencia operativa y financiera.
Una causa de la precaria situación financiera del estado de Tabasco está en su estructura de gasto. Al menos en los últimos veinte años la mayoría de los recursos disponibles son destinados, año con año, al pago de una creciente burocracia a costa de la inversión en obra pública. En el periodo 1989-2008 el gasto promedio per cápita que Tabasco destinó a su burocracia representó 2.7 veces el promedio a nivel nacional, mientras que el gasto promedio per cápita en obra pública fue de apenas 141 pesos cuando el promedio nacional ascendió a más del doble (314 pesos).
La forma en que se financia el gasto en el estado de Tabasco también explica su condición actual, ya que el nivel de dependencia de éste respecto a los recursos provenientes de la Federación es significativo. Durante el periodo 1989-2008 el ingreso promedio per cápita proveniente de fuentes propias fue de tan sólo 264 pesos, en contraste con los 348 pesos a nivel nacional, es decir, la generación de ingresos propios per cápita a nivel nacional fue 1.3 veces superior al de Tabasco.
Si bien el caso de Tabasco es emblemático, no es el único ni es privativo de los gobiernos del PRI, este escenario se repite en estados gobernados por el PAN y por el PRD, como son Guanajuato y Michoacán.
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