El asesinato de Rodolfo Torre Cantú, el candidato puntero al Gobierno de Tamaulipas, tiene lecturas particularmente preocupantes. La primera es la profunda división que existe en la clase política sobre el tema del crimen organizado. Como en el asesinato del Cardenal Posadas Ocampo en 1993, el asesinato de quien era el virtual ganador de las elecciones para Gobernador ha provocado indignación y las condenas apropiadas, pero no está generando una sensación de crisis ni llevando a la oposición –particularmente al PRI– a otorgar el apoyo a una estrategia de seguridad.
De manera abierta, el PRI señala que no comparte la sensación de urgencia que infunde al Ejecutivo Federal desde que se lanzó la campaña contra el crimen organizado. Frente al asesinato la dirigencia del PRI ha decidido seguir aprovechando el esfuerzo del Ejecutivo Federal para apuntalar con fuerzas federales a sus gobernadores –incluyendo al de Tamaulipas– sin asumir ninguna responsabilidad compartida por ello, aprovechando en cambio la oportunidad para cobrarle al Presidente los agravios reales o imaginarios que el PAN ha infligido al PRI en las últimas semanas. Por otra parte, el Gobierno Federal está perdiendo la oportunidad de dejar su protagonismo a un lado y sentarse con las distintas fuerzas políticas a impulsar un plan.
La lectura más preocupante, la del atentado al proceso democrático, parece menos probable y aunque los actores políticos deban condenar el asesinato como tal, en realidad no hay indicios de ello aún. Esto es, aunque no se puede descartar el riesgo de que el crimen organizado haya descubierto la política como otros antes descubrieron la religión –desarrollando su propia agenda de qué rumbo debe tener el país– la realidad es que no hay suficiente evidencia en este sentido. Esto llevaría a pensar que el resto de los procesos electorales deberían desarrollarse de manera normal.
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