El 11 de marzo fue presentada una iniciativa de reformas a la Constitución en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, emanada de las negociaciones del Pacto por México. Después de décadas en las que México ha contado con un puñado de jugadores, sobre todo en los mercados de la televisión y la telefonía, la iniciativa se propone intensificar la competencia y, como quiere el Pacto, garantizar la función social de las telecomunicaciones. Como concepto, el planteamiento parte del principio de que, por encima de ese negocio, están la libertad de expresión y el derecho a la información, entendidos desde las ópticas liberal y republicana, y cuya protección y promoción deben inspirar la regulación del sector.
La iniciativa tiene, ante todo, un enorme significado político. El presidente Peña había advertido que en México no hay intereses intocables. Pues bien, el mensaje es claro: tampoco son intocables los más grandes intereses empresariales, que funcionan bajo condiciones monopólicas. Por un lado, se “empareja la cancha” para los actuales actores en el ramo. Ya no será descabellado imaginar, por ejemplo, al Grupo Carso en televisión abierta, o a Televisa y Grupo Salinas participando en condiciones más equitativas en la telefonía móvil. Con la reforma se acotarían mutuamente en su poder, hoy desmedido. Como en la pirinola: todos ponen y todos ganan. Por otro lado, más allá de esos gigantes, podrían ir creciendo y sumándose otros actores, incluso extranjeros –quienes podrían participar hasta en un 100% en telecomunicaciones y en un 49% en radiodifusión—, que hoy no figuran. Quizá veremos subir intereses “medianos” en detrimento de los más grandes, en lo que podría ser un sello distintivo de la administración Peña Nieto. Y algo notable: el presidente también cedería parte de su poder –a cambio de ganar prestigio como gobernante– al concebir al Instituto Federal de las Telecomunicaciones (IFETEL), y también a la Comisión Federal de Competencia Económica, como órganos constitucionales autónomos, cuyos miembros serían designados a través del más complejo mecanismo que se haya visto en nuestro régimen constitucional: Comité de Evaluación (Banxico, INEE, INEGI), más propuesta del Ejecutivo Federal, más mayoría calificada del Senado.
Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Hay por lo menos dos puntos cuya naturaleza virtuosa en la teoría, podría ir degenerando en vicios al llegar a la práctica. Primero, la noble intención de evitar los abusos por parte de los concesionarios del sistema de justicia se expresa en la eventual creación de tribunales especiales en la materia dentro del Poder Judicial de la Federación. Esto parece adecuado en términos de la necesaria pericia técnica en la labor judicial, pero sin duda aumentaría el riesgo de captura. Además, al igual que lo establece la minuta de la nueva Ley de Amparo, no procedería en ningún caso la suspensión si se acudiera a esa instancia para reclamar un acto del IFETEL. Con esto en mente, un IFETEL irresponsable o faccioso (lo cual se intentaría erradicar por medio de una designación menos “partidizada” de sus consejeros), podría arruinar negocios en marcha con la mano en la cintura, y no necesariamente en perjuicio de grandes intereses (pensemos en una radio comunitaria). Segundo, el riesgo latente de dividir monopolios para conformar oligarquías, algo evitable por medio de un adecuado equilibrio regulatorio.
En fin, la reforma constitucional está a discusión. Luego vendrá la de la ley que desarrolle sus principios. Puede que el diablo esté en los detalles legales. En todo caso, el debate deberá ser amplio y transparente para que México alcance la vanguardia en la regulación de las telecomunicaciones, con un sano equilibrio en los derechos de todos.
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