La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó dos iniciativas relativas al uso y aprovechamiento del territorio y los recursos nacionales. La primera, la modificación al artículo 27 constitucional permitiéndole a cualquier persona adquirir tierras en las fronteras (terrestres o marítimas), buscando eliminar la simulación y la cadena de prestanombres con los cuales extranjeros compraban propiedades en esas zonas. La segunda, la aprobación del cobro de un 5% extra de sus utilidades a las empresas mineras como un derecho a utilizarse en el financiamiento del desarrollo de los municipios donde se asientan (unos 612 estarían concernidos en la actualidad). La polémica no se hizo esperar. Por un lado, hubo voces que acusaron a los legisladores de “vendepatrias” por entregar las playas a foráneos. Por el otro, no faltó el reclamo de las mineras que consideraban inadecuado el nuevo gravamen. Sin embargo, veamos con más detalle en qué consisten los cambios legales mencionados.
El tema de las propiedades limítrofes rompió con un tabú histórico nutrido por la retórica de la soberanía nacional. Lo cierto es que esta práctica existe de facto desde hace mucho tiempo a través de fideicomisos y diversos prestanombres. Si bien esta reforma no se hizo extensiva a comercios u hoteles, su virtud radica en la certidumbre jurídica que le da a los compradores de bienes raíces, muchos de ellos extranjeros retirados cuyas nada despreciables pensiones podrían parar en playas mexicanas. Este cambio será un acierto en la medida en la que venga acompañado de una mayor oferta de servicios para hacer atractivo invertir en una vivienda y, sobre todo, establecer una residencia de retiro, en México.
Por otra parte, el pago de 5% en derechos sobre el sector minero, puede analizarse a la luz de las medidas llevadas a cabo por el gobierno federal para incrementar su recaudación, (como se pudo observar con el aumento de las cuotas obrero-patronales del IMSS). Es también una respuesta a la caída de la recaudación en el primer trimestre del año, de 20.9% vía ingresos petroleros y de alrededor del 2% por ingresos no petroleros. La propuesta tiene la peculiaridad de pretender fomentar el desarrollo de las ciudades y comunidades cercanas a las zonas mineras, etiquetando la recaudación adquirida. El 70% del impuesto se iría directamente a estados y municipios (donde 50% lo recibe el estado donde está localizada la mina y el otro 50% el municipio), y el restante 30% se iría al fondo de participaciones de los estados de la Secretaría de Hacienda. Aunque se indicó que el dinero obtenido se quedará en las comunidades donde se encuentra la mina, no queda claro cómo se controlará ese gasto y en qué se puede gastar –tomando en cuenta que la mayoría de los municipios adolecen de una opacidad pasmosa. Este tipo de gravámenes refuerza la idea de que el gobierno federal busca obtener recursos de diversas fuentes, como una manera de blindarse en caso de presentarse demasiadas dificultades en la concreción de una reforma fiscal integral (ampliación de la base tributaria, aumentos o generalización del IVA y nuevos tipos de impuestos –herencia, bolsa, etc.-) durante el segundo semestre. De hecho, sugieren que el objetivo principal del gobierno en materia fiscal es incrementar la recaudación por cualquier medio para poder gastar más.
Si bien ambas propuestas no serán discutidas en el Senado hasta septiembre próximo, es importante, en el caso de las propiedades limítrofes, desmitificar la arenga nacionalista chabacana de que se estaría entregando el territorio a invasores –por ejemplo, en caso de una querella, los propietarios no podrán invocar protección de sus gobiernos. Respecto al tema de las minas, éste constituye un foco rojo donde habrá que estar pendientes de cómo operaría la recaudación, distribución y uso, no sólo del nuevo derecho sobre las mineras, sino de todo gravamen que se cobra en el país. El gran riesgo es seguir gravando mucho a unos cuantos, no ampliar la base tributaria y otorgar recursos a los gobiernos locales, cuya opacidad es por todos conocida.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org
