En las últimas semanas el Gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, se ha visto envuelto en una serie de escándalos que desnudan la incompetencia del aparato estatal para reaccionar ante el problema de la inseguridad y de administrar el flujo de información que resulta de la violencia. Por su parte, el Gobierno Federal ha hecho pocas declaraciones al respecto y se mantiene al margen de la situación para dejar que la responsabilidad mediática recaiga en el gobernador de Veracruz y, en consecuencia, el PRI.
La fuga de 32 reos del CERESO en Coatzacoalcos, los 49 cuerpos dejados en Boca del Río y la aparición de un grupo autodenominado los “Matazetas”, permite entrever la falta de preservación del Estado de Derecho en la entidad. Con respecto a estos eventos, la respuesta de Duarte careció de tacto político y fue muy criticada en la opinión pública. El Gobernador negó hechos y aparentemente su policía estatal agredió algunos reporteros. Se añade a esto el esfuerzo de Duarte por encarcelar a dos ciudadanos que, según la acusación ministerial, causaron pánico entre la población. En sintonía con el Gobernador, el legislativo le aprobó precipitadamente una reforma legal para regular el uso de redes sociales. Sin embargo, el punto crucial es que los recursos públicos de gobierno se están usando para preservar éstas medidas autoritarias y no, en cambio, para lidiar con otros problemas más apremiantes como la violencia. En otras palabras, los recursos de gobierno se utilizan para arreglar las sillas descompuestas de un barco que se está hundiendo.
Por su parte, con los recientes cambios en el gabinete y el proceso electoral del 2012 iniciando el próximo mes, el Gobierno Federal se vio obligado a modificar su estrategia de comunicación. Por lo tanto, puede que no sea casuístico el que apenas el día de ayer hubiera declaraciones de la nueva Vocera de Seguridad Nacional, ni tampoco el bajo perfil de la Procuradora General de la República -que ha retrasado el uso de sus facultades de atracción para el caso de los cuerpos. En este sentido, las consecuencias del tímido nivel de respuesta federal perjudican al PRI, porque le delegan a los gobernadores el costo de lidiar con los eventos y, eventualmente, les obliga a pedir el apoyo del Gobierno Federal en una posición de debilidad. Por el momento, los comportamientos de los gobernadores de Veracruz y Nuevo León parecen sugerir que la estrategia del Ejecutivo Federal puede funcionar en cuanto a transferir responsabilidad a los gobiernos estatales del PRI, sin embargo, será difícil contrarrestar la impresión generalizada de que es el Presidente quien inició el problema.
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