El pasado lunes 11 de agosto, el presidente Enrique Peña promulgó la reglamentación de la reforma constitucional en materia energética, con lo cual concluyó el proceso legislativo encaminado a generar la apertura en el sector. Como mencionó el primer mandatario en su discurso, a partir de la publicación de las veintiuna leyes secundarias en el Diario Oficial de la Federación, ha comenzado el proceso de ejecución de las mismas que corresponde al gobierno federal.
Es una buena noticia que el Ejecutivo haya decidido acelerar los tiempos de instrumentación de la legislación energética. Peña expuso un decálogo donde acortó los plazos para la entrega de los resultados de la “Ronda Cero” y “Ronda Uno” –donde se le asignan los yacimientos a explotar a Petróleos Mexicanos por sí solo y en alianza con otras petroleras privadas, respectivamente –, además de anunciar para las siguientes semanas la creación del Fondo Mexicano del Petróleo, la del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y del Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS) y la expedición de los reglamentos correspondientes, entre otras medidas. No obstante, más allá de los riesgos que entraña acelerar la creación de reglamentos –normatividad crucial para la correcta implementación de la reforma energética–, la administración actual ha dejado mucho que desear cuando tiene que ejecutar las leyes: los abundantes casos de impunidad en el país, los continuos problemas de seguridad en diversas entidades de la República, los conflictos para hacer efectivas las evaluaciones magisteriales prescritas en la reforma educativa, y el ínfimo crecimiento económico, son sólo cuatro ejemplos donde el gobierno peñista no ha sabido aún ejecutar. Existe el riesgo latente que ante el choque con múltiples intereses afectados por la reforma energética, la implementación de estas leyes se vea afectada y no se alcancen los beneficios prometidos.
La correcta instrumentación de la reforma energética pasa por lograr que, en la práctica, tanto el sector de hidrocarburos como el de electricidad sean competitivos y las dos paraestatales respectivas, PEMEX y CFE, se conviertan efectivamente en empresas productivas del Estado. De manera particular, los problemas de las paraestatales residen en las resistencias a mejorar en productividad laboral de los sindicatos, temas de transparencia en el uso de los recursos, rendición de cuentas y corrupción. Asimismo, la conversión del pasivo laboral a deuda pública es un mal augurio de la ejecución de la reforma, puesto que continúa solapando incentivos perversos al no haber una restructura de los esquemas laborales que generaron dicho pasivo. Mientras no se corrijan este tipo de problemas al interior de PEMEX y CFE, no podrán ser verdaderamente empresas productivas, reduciendo inevitablemente el alcance de la reforma.
El otro gran actor que puede afectar la ejecución de la reforma es el mismo gobierno federal quien, en su interés de control político, pudiera disponer de los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo para complementar el Presupuesto de Egresos de manera subóptima. La legislación secundaria enumeró los motivos por los cuales la Secretaría de Hacienda podrá utilizar los recursos del Fondo para el gasto del año en turno, siendo factible que por una mala ejecución de las políticas económicas –y la consecuente caída en el PIB—, la renta petrolera acabe como un gasto sumamente ineficiente. Si la renta petrolera no es utilizada de manera apropiada, la gran mayoría de los mexicanos obtendrá un beneficio mucho menor de la reforma al sector de hidrocarburos.
Para que México obtenga el mayor provecho de la reforma energética, es imperativo que en la ejecución de esta legislación se combatan las tentaciones extractivas de las instituciones y actores del sector. Si se sigue privilegiando una lógica de control político a través de los recursos petroleros que permiten el gasto público en lugar de un mercado competitivo, el país se expone a que la apertura del sector no sea tan atractiva para los inversionistas y los beneficios prometidos sean, como de costumbre, retórica vacía. Del mismo modo, si no se diseña una estrategia integral que no siga asiéndose sólo de la riqueza petrolera a fin de promover el desarrollo del país, apenas se podrá aspirar a un crecimiento, si bien no ficticio, sí de cortísimo alcance.
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