En una ceremonia realizada el pasado 12 de septiembre en Reynosa, Tamaulipas, el presidente Enrique Peña y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, anunciaron la concretización de una serie de modificaciones a disposiciones generales del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC). En un proceso que incluyó consultas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), la autoridad hacendaria levantó las restricciones que habían sido impuestas en junio de 2010, las cuales limitaban las operaciones en dólares estadounidenses en efectivo. Asimismo, se notificó de la clausura de nueve garitas en cuatro estados fronterizos, en el marco de la política del actual gobierno federal de agilizar el tránsito de mercancías y evitar duplicidades en los trámites aduaneros. De acuerdo con la SHCP, estas medidas están enfocadas en reactivar la actividad económica, no sólo en las zonas limítrofes, sino en todo aquel ámbito (formal, en teoría) vinculado con transacciones en dicha divisa foránea. Sin embargo, más allá de los presuntos beneficios producto de este giro en la regulación del manejo de dólares y su entrada en los flujos monetarios del país, la determinación representa una nueva manifestación del pragmatismo de la presente administración respecto a sus prioridades en los temas económicos y de seguridad.
Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, en el contexto de la lucha contra el crimen organizado, se impulsaron iniciativas que pretendían asestar un golpe sobre el corazón de las operaciones delictivas, en particular de aquellas relacionadas con el narcotráfico: sus recursos financieros. Políticas como la tortuosamente lograda Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (o Ley contra el Lavado de Dinero), promulgada en octubre de 2012, la creación del hoy desaparecido Impuesto sobre Depósitos en Efectivo (IDE), y la misma resolución acerca de las operaciones con dólares en efectivo de 2010, tenían como propósito regularizar, en la medida de lo posible, los flujos monetarios y someterlos a mecanismos de rastreo más eficaces vía el fomento de las transacciones electrónicas.
En 2010, según un reporte del Departamento de Estado estadounidense, las organizaciones criminales enviaban de la Unión Americana a México entre 8 mil y 25 mil millones de dólares. En aquel tiempo, la SHCP, entonces encabezada por Ernesto Cordero, adujo que “las instituciones bancarias [habían] recibido cantidades importantes de dólares en efectivo generándoles excedentes cuya procedencia [era] difícil de identificar”. Sin existir una cifra exacta, el gobierno mexicano estimaba que las instituciones de crédito recibieron en efectivo un monto aproximado de 10 mil millones de dólares (mdd) en 2010. Tras tres años de haber arrancado las restricciones, dicho indicador bajó a niveles de 4 mil mdd en 2013. Este dato pudiera leerse ya sea como un triunfo en el combate a la entrada de recursos de dudosa procedencia al sistema financiero nacional, o como una señal de la manera en la cual se ha desincentivado la actividad económica por estas limitantes en el uso de efectivo (también podría ser que la cantidad real de efectivo que se deriva de este comercio sea menor al que se usualmente se maneja, pero la disminución es indisputable).
Diversos empresarios argumentan que los límites a transacciones en efectivo han propiciado la fuga de dólares a cuentas domiciliadas en Estados Unidos. Si bien este postulado tiene parte de verdad, también es cierto que, sustentado en datos del Banco de México, el incremento de la salida de dólares del país ha sido una constante a lo largo de las últimas dos décadas. Tan sólo en el rubro de “errores y omisiones”, el Banco de México reporta que, mientras en el sexenio de Ernesto Zedillo salieron 1,874 mdd, con Fox alcanzó los 11,750 mdd, y en el periodo de Calderón la cifra llegó hasta 54,716 mdd (un incremento de casi 3,000 por ciento comparado con el del último gobierno del siglo XX). De hecho, en los primeros 18 meses de la administración Peña, el monto ya supera los 26 mil mdd. Estará por verse si la marcha atrás en las restricciones a operaciones en dólares tendrá un impacto significativo en esta tendencia.
En cuanto a la preocupación sobre una eventual flexibilización de las medidas de combate a transacciones con recursos de procedencia ilícita, el 27 de agosto pasado, la COFEMER emitió un dictamen respecto al posible impacto regulatorio de la medida. La Comisión estableció que “…conforme a la información presentada por [la SHCP], se aprecia que los beneficios promovidos por la regulación cumplen con los objetivos de mejora regulatoria, en términos de transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios sociales para los particulares”. Ahora bien, Hacienda pretende generar controles estrictos en lo concerniente al registro de las personas físicas y morales, por medio de una serie de requisitos para poder ser elegibles al acceso ilimitado a este tipo de operaciones con dólares en efectivo. La pregunta es si en verdad esto impedirá y, en su caso, detectará a aquellos que hagan mal uso de esta herramienta financiera.
Por último, es relevante señalar que la medida es un guiño dirigido a los actores económicos del norte del país. La decisión de homologar el IVA en todo el país, subiendo el gravamen de 11 a 16 por ciento en las zonas fronterizas, prescrita en la Ley de Ingresos para 2014, fue sumamente impopular e, incluso, provocó malestar entre legisladores y funcionarios priistas vinculados con las entidades afectadas. Esto resulta particularmente riesgoso en términos electorales, sobre todo de cara a los comicios federales intermedios, y a la disputa por las gubernaturas en Sonora, Nuevo León, y Baja California Sur. Con la flexibilización de las transacciones con dólares en efectivo, se ha atendido una demanda del sector empresarial y, por ende, fue bien recibida. De esta manera, el actual gobierno ha dado una muestra más de su pragmatismo y de la importancia que le concede a ganar las elecciones de 2015. Pareciera que los focos rojos por el combate a la delincuencia organizada se han opacado con las luces verdes que se dice impulsarán la economía. Y, por si eso no funcionara, al menos se eliminó una importante fuente de crítica al gobierno federal en esas regiones fronterizas.
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