En el pasado mes de mayo se registraron 1,463 denuncias por homicidio doloso. Esta cifra confirma la tendencia a la alza por tercer mes consecutivo –fenómeno que no ocurría desde el periodo de marzo a mayo de 2012– y la posibilidad de que 2015 termine como el primer año del gobierno de Peña Nieto con un aumento considerable en homicidios dolosos (ver Gráfica Homicidios Dolosos). A pesar de este incremento –uno de los principales indicadores de violencia asociados al crimen organizado– el gobierno continúa sin reconocer y, mucho menos, atender la crisis de seguridad actual. Apenas el pasado 18 de junio el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, celebró “la disminución no solamente en el número de fallecimientos que tienen que ver mucho con la violencia, sino la tranquilidad que se ha venido logrando en todas estas regiones.”
A pesar de que el Secretario considere que los indicadores “hablan de un gran avance en el tema de seguridad”, el contraste entre las cifras y las declaraciones es claro. La desconexión entre ambos rubros demuestra cómo a pesar de contar con indicadores que prueban un aumento en los delitos de alto impacto –y eventos como Ayotzinapa, Iguala, Huetamo y Tlatlaya– el Ejecutivo continúa en omisión respecto al problema de seguridad y violencia. El escenario podría tener caducidad. ¿Cuál será la gota que derrame el vaso y modifique la estrategia del gobierno federal en el tema de inseguridad, de un control mediático hacia un conjunto de políticas públicas diferenciadas a nivel regional?
Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.
Semana Política es elaborada por: Ximena López, Mariana Meza, Carlos de
la Rosa, Santiago Martínez, Rafael Vega. Editor: Luis Serra.
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