Apodaca: ¿más cárceles o más justicia?

Derechos Humanos

El domingo pasado 44 reos fueron masacrados dentro del Centro de Readaptación Social (CERESO) de Apodaca en Nuevo León. Al inicio, las autoridades reportaron que las muertes de los reclusos habían sido producto de una riña. Horas después la noticia era que esa riña había sido una elucubración para ocultar la fuga de otros 30 reos. Días después la historia parece más clara: una fuga de altos mandos de Zetas seguida de un multihomicidio ejecutado por Los Zetas contra miembros del Cártel del Golfo. 27 de las 44 víctimas ni siquiera habían recibido una sentencia que confirmara o negara su culpabilidad. A pesar de que lo sucedido en Apodaca no es la primera fuga/matanza dentro de un penal durante este sexenio, sí es el primer evento que ha logrado captar la atención nacional e internacional. Y mientras la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ya ordenó una investigación independiente del caso, las autoridades federales y locales siguen esquivando responsabilidades.
La razón por la que resulta sencillo para las autoridades locales y federales deslindarse del problema es que, si bien Apodaca es un CERESO estatal, los delitos por los que se encuentran muchos presos en ese lugar son de orden federal. El acuerdo entre Federación y los gobiernos locales es que, a cambio de un subsidio, las prisiones estatales reciben reos federales. Eso podría explicar por qué a pesar de que Apodaca tiene una sobrepoblación de 80% siguen recibiendo reclusos. Así, dentro de la población de estos centros se pueden encontrar internos por delitos graves y menores, por delitos federales y comunes, y personas sentenciadas y en prisión preventiva. Existen múltiples consecuencias de la mala administración de las prisiones en México. No sólo se trata de las violaciones a los derechos humanos de los reclusos, el problema que ha sido enfatizado por los expertos en el tema durante los últimos días es que las prisiones no son -por mucho- una garantía de que los delincuentes dejarán de cometer delitos. Y no sólo hablan de la posibilidad de que cometan más y peores crímenes al salir, la realidad es que pueden cometer delitos desde su reclusión; la extorsión telefónica es el mejor ejemplo de ello.
La reacción del Gobernador de Nuevo León ante la masacre en Apodaca fue recurrir al Gobierno Federal para controlar la situación. Por su parte, el Presidente Calderón y el Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, insistieron en que los hechos fueron producto de la baja inversión local en prisiones. Y mientras el Presidente anunciaba la próxima apertura de 12 nuevos penales, su Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, declaraba que no existía presupuesto para hacerlos funcionar. Enfocadas en resolver coyunturas, lo que las autoridades han pasado por alto es que por lo menos la mitad de la población en reclusión está interna por delitos menores que bien podrían resolverse por otras vías, descongestionando las prisiones y ahorrando recursos públicos. Sin embargo, es la misma visión obtusa que ha prevalecido en la estrategia de seguridad de este sexenio -de pretender que la inseguridad se acabará con mejores policías y más militares- la que responde sólo con más instalaciones al serio problema de gobernabilidad que ha generado la debilidad de todo el sistema de procuración de justicia. Ya sea en este sexenio o en el que sigue, la pregunta que deberán responder las autoridades es qué se debe construir: más cárceles o instituciones de justicia democráticas que usen la prisión preventiva como un último recurso.
El tema de fondo es muy claro: los problemas de violencia y criminalidad no se resuelven con cárceles sino con procedimientos a prueba de fuego, lo que implica una transformación radical de todo el sistema de procuración de justicia. Problemas como el de Apodaca no son más que síntomas que evidencian al enorme iceberg que yace bajo la superficie.

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