El pasado 10 de junio, el presidente Peña Nieto firmó el decreto de la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones, Radiodifusión y Competencia Económica. El nutrido debate que se dio durante los procesos legislativos con relación al impacto de estas reformas en las estructuras de una industria tan compleja como la de telecomunicaciones, opacó la discusión sobre las implicaciones de estas modificaciones legales en la persecución de prácticas anticompetitivas en los sectores no regulados de la economía. Vale la pena revisar qué se vislumbra para mercados sabidamente concentrados como el transporte terrestre, farmacéutico, panificador o refresquero, por ejemplo. La situación es frecuentemente peor en mercados regionales y en diversos sectores industriales específicos que experimentan prácticas similares. ¿Temblarán con estos cambios los actuales presuntos monopolios que aquejan muchas veces de manera silenciosa a millones de consumidores, incluso con mayor medida a nivel regional?
No obstante los esfuerzos logrados desde la promulgación de la Ley Federal de Competencia en 1996, nuestro gobierno enfrenta desafíos descomunales para establecer condiciones favorables que procuren el desarrollo eficiente de los mercados y la entrada de nuevos competidores. En México, el impacto negativo del poder monopólico crece a medida que los hogares son más pobres. Sin embargo, a pesar de esta realidad tan apremiante, durante los últimos 6 años, sólo el 5% del total de asuntos de la Comisión Federal de Competencia correspondieron a escrutinios ex oficio, enfocando sus esfuerzos y recursos a responder autorizaciones de concentración, denuncias, consultas, y permisos, actividades necesarias para la procuración de la competencia, pero no suficientes en mercados tan dominados por monopolios.
Las nuevas reglas del juego le otorgarán a la nueva Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) autonomía constitucional. La nueva legislación se propone, contra la experiencia, evitar que la designación de los nuevos comisionados se politice, para lo cual se han diseñado procesos filtrados mediante exámenes y un comité integrado por Banco de México, INEGI y el instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE). Asimismo, el nuevo órgano podrá también regular el acceso a insumos esenciales y ordenar, en última instancia judicial, la desincorporación de activos de empresas dominantes y abusivas, por cierto, una práctica riesgosa y poco usada a nivel internacional. Se mencionan también como objetivos principales de la reforma, dar mayor certeza jurídica al sector empresarial, facilitar cumplimientos, y elevar costos esperados de conductas ilegales mediante multas, sanciones penales, visitas de verificación y medidas cautelares.
Todos estos cambios sin duda representarán refuerzos importantes para el desempeño del órgano regulador. Empero, es crucial que la legislación secundaria soporte la ejecución de las acciones de la CFCE dentro de un marco de contrapesos judiciales efectivos, y que promueva herramientas clave, a través de posibles modificaciones a la Ley de Protección al Consumidor, para modernizar el marco jurídico que promueva mayor certeza y herramientas de defensa a los consumidores, el contrapeso esencial de los sistemas competitivos. En términos generales, la promulgación de la reforma merece reconocimiento al reflejar preocupaciones que por años han existido respecto del serio problema que el país vive. Una efectiva aplicación de la política de competencia juega un rol primordial en el desempeño de las economías avanzadas; si bien su marco jurídico es esencial, su desempeño efectivo dependerá del verdadero involucramiento y acción de todos los actores.
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