La crisis de inseguridad en Guerrero ha denotado el mal funcionamiento del gobierno local, y motivado la discusión sobre la posibilidad no sólo de la salida del gobernador Ángel Aguirre, sino de la activación del recurso senatorial de la desaparición de poderes. Esta facultad consagrada en la fracción V del artículo 76 de la Constitución, y cuya última aplicación de jure se dio en Hidalgo en 1975, prescribiría tanto la destitución del mandatario local, como la de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, y la disolución del Legislativo estatal. En este momento, la solicitud de desaparición de poderes en Guerrero que presentó el grupo parlamentario del PAN en el Senado el pasado 15 de octubre, se encuentra pospuesta de trámite en la Comisión de Gobernación de dicha cámara legislativa federal. Dado lo delicado del tema, todos los actores políticos involucrados han asumido una actitud de cautela. Sin duda, es pertinente analizar con cuidado cuáles serían las implicaciones de tomar una decisión en tal o cual sentido para el caso de la crisis de Guerrero –aunque dentro de las opciones aún se encuentre no tomar ninguna. La única certeza es la salida del gobernador; la pregunta es cómo.
La aversión al costo político natural en todo funcionario público en el mundo, suele adquirir niveles extremos en México. De cara a una crisis, los actores políticos tienden a mantenerse expectantes y no decidir, al utilizar el clásico eufemismo del “posicionamiento”. Detrás de ello, en este caso por parte del gobernador, yace la búsqueda de un “paracaídas” que los proteja de los “pasivos” políticos, fiscales y económicos en que hubiesen incurrido. Para los políticos en la barrera, el recurso del “posicionamiento” es muy cómodo de usar desde la parte trasera de la trinchera, es decir, desde la oposición. Así puede leerse la lógica de Acción Nacional al intentar activar la desaparición de poderes en Guerrero. Con ello, los panistas buscan cierta aprobación popular –tal vez no necesariamente en la entidad aludida—y atención mediática, en paralelo que señala la responsabilidad del PRI (gobierno federal) y el PRD (gobierno estatal) respecto a la crisis de inseguridad en el estado.
El PRD está en una encrucijada donde titubea entre respaldar al gobernador que llegó a su cargo bajo su signo político, o sumarse a las presiones para solicitar su salida. Los perredistas se oponen a la desaparición de poderes, pero están divididos respecto a cómo lidiar con la figura de Ángel Aguirre. Su objetivo fundamental es, desde luego, no perder el estado en las elecciones de 2015. Sin embargo, lo que decida hacer el PRD en el caso de Guerrero podría afectar no sólo su futuro en la entidad, sino su imagen a nivel nacional, sobre todo entre sus electores en el Distrito Federal. Su peor escenario podría acabar siendo que su insigne candidato a la gubernatura acabe siendo candidato por parte del PRI…
En cuanto al PRI, la renuencia a aplicar la desaparición de poderes, incluso contra un mandatario local perredista, también tiene su lógica propia. Los costos políticos de secundar al PAN en ello podrían ser peores tanto para los priistas, como para el mismo presidente Peña. La Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 de la Constitución indica un breve aunque tedioso proceso para designar un gobernador provisional en el evento de una desaparición de poderes. Entre los trámites a seguir estaría la obligación del Presidente de la República de presentar una terna de candidatos al Senado para que de ahí se votara por un gobernador provisional que, según estén los plazos, convoque a unos comicios extraordinarios o, llanamente, concluya el periodo de alrededor de un año que le resta al actual mandatario. En cambio, si se ejerce presión para que de motu proprio Ángel Aguirre renuncie, la responsabilidad de nombrar a su sustituto recaería en el Congreso de Guerrero. La otra opción sería dejar que las cosas sigan su marcha, Ángel Aguirre permanezca en Chilpancingo (o en Acapulco, depende dónde opte por despachar) como si nada hubiera sucedido, y se celebren los comicios estatales como está previsto, el 7 de junio de 2015.
En todo esto es imposible no recordar que Aguirre es uno de esos políticos “tránsfugas”, priista de cepa que acabó gobernando (es un decir) bajo el signo perredista. Además, amigo cercanísimo del presidente de la República, disfruta el apoyo de la casa presidencial pero también el reclamo al menos implícito de ser causa de problemas para su amigo. Para el presidente la disyuntiva es cómo salvar a su propio gobierno y, a la vez, evitar la profundización de la crisis en el propio Guerrero: no una fácil combinación.
Una alternativa socorrida durante el régimen autoritario fue la desaparición de facto del poder del titular del Ejecutivo local, un redituable “Plan B” para el gobierno federal. Esto consistía en solicitarle alguna encomienda especial al gobernador en turno –una representación diplomática, por ejemplo—o, simplemente, invitarlo a dejar su cargo. Curiosamente, desde la reglamentación de la fracción V del 76 constitucional en 1978, la desaparición de poderes de jure jamás ha sido activada, pero la del poder de facto sí. No obstante, ninguna de las dos modalidades se ocupó en tiempos de las presidencias panistas, tal vez porque no sería del todo bien vista en un presunto contexto democrático. No se ve difícil que el presidente Peña decida conminar a algún gobernador a dimitir, aunque ya en Michoacán haya aplicado la innovadora –y metaconstitucional—fórmula de un comisionado especial. Los días están contados.
Al final del día –y esto es lo relevante-, la desaparición de poderes o la remoción de un gobernador no son actos que por sí mismos desaparezcan la problemática de inseguridad en una región. Si la estructura política está podrida, quitar una cabeza no le quitará vida al cuerpo (justo como suele suceder cuando se habla del crimen organizado). La realidad es que se están agotando las opciones y la imaginación de las autoridades para atender (ya no se diga resolver) las crisis en Guerrero, Michoacán y otros estados en vilo.
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