A poco más de cuatro meses de haber vuelto a quedar incompleto, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) sigue sin tener ocupada la vacante que dejó el ex consejero “ciudadano” Sergio García Ramírez tras su renuncia el 1 de febrero pasado. ¿Importa este retraso? Ultimadamente, entre 2010 y 2011, el Instituto trabajó 14 meses no sin uno, sino sin tres de sus consejeros. En ese entonces, al IFE y a la Cámara de Diputados –institución a cargo de la elección de los consejeros “ciudadanos”—, el tiempo pareció no presionarlos hasta que fue inminente el proceso electoral de 2012. La causa entonces fue la misma que ahora: falta de acuerdo –y negligencia—entre los partidos políticos mayoritarios en San Lázaro. No obstante, las circunstancias hoy son distintas. No hay comicios federales en el futuro inmediato, pero hay algo en puerta cuyas implicaciones tal vez son más preocupantes para algunos actores políticos: la conclusión de los dictámenes de fiscalización de las campañas de diputados y senadores del año pasado.
La polémica por el caso Monex, en el cual presuntamente se habría utilizado dinero de dudosa procedencia en la repartición de beneficios monetarios a potenciales votantes y, además, se habrían rebasado los topes de campaña correspondientes a la campaña de Enrique Peña, aún no concluye. De hecho, la parte más contundente de esta controversia quedará dirimida cuando se revisen las cuentas de las campañas de diputados y senadores del PRI y el Partido Verde. Quienes acusan a la alianza peñanietista, argumentan que se hizo un prorrateo tramposo entre los recursos usados en la campaña presidencial y los destinados a la búsqueda de escaños y curules en el Congreso de la Unión. Esta supuesta redistribución de la contabilidad, habría falseado el reporte de gastos de Peña, reduciendo su monto, y pasándolo a la columna de los candidatos legislativos, donde acabaría ajustándose a los topes de erogación permitidos. En este contexto, si bien la fiscalización de las campañas presidenciales terminó en enero pasado –justo con el polémico voto de García Ramírez exonerando al PRI de las acusaciones por el Monexgate—, la revisión de las cuentas de candidatos al Congreso de la Unión apenas vendrá entre el 28 de junio y el 3 de julio próximos, ni más, ni menos. Estos trámites podrían llevarse a cabo con la ausencia de uno de los consejeros, tal como se han realizado múltiples diligencias a lo largo de los últimos meses. Sin embargo, así como el voto del ex procurador general de la República y ex secretario general priista, fue clave a principios de 2013, su ausencia podría ser resentida por el PRI en los eventos por venir.
Ahora bien, el PRI no se quedó cruzado de brazos. El 29 de mayo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió exhortar a la Comisión Permanente del Congreso para que convocara a la Cámara de Diputados a sesión extraordinaria, a fin de elegir al consejero del IFE faltante. Esto fue producto de una queja interpuesta por el PRI ante el tribunal a principios de ese mes. Aunque el asunto ya llegó a la Permanente, apenas fue turnado en la sesión de esta semana a su Primera Comisión. Cabe recordar también que, si se decidiera convocar un periodo extraordinario, todavía se requerirían dos terceras partes de los diputados para poder decidir quién será el consejero. De esta manera, estamos en presencia de un nuevo reto para las capacidades negociadoras, no tanto del presidente Peña, sino de quien ha sido –hasta el momento—todo un gurú en la materia: el diputado Manlio Fabio Beltrones. El tiempo corre…
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