Después de más de un año sin tres consejeros, pocos apostaban a que el Consejo General del IFE estaría completo para afrontar el proceso electoral de 2012. A siete meses de las elecciones, la institución no sólo cuenta con un órgano de decisión en forma sino que logró incluir tres nuevos miembros que, por su trayectoria, podrían insertar renovadores matices en las decisiones del IFE. Lo anterior no implica, sin embargo, que se puedan eliminar de un día para otro las consecuencias del debilitamiento político que sufrió esta autoridad electoral, de manera progresiva, desde las elecciones pasadas. López Obrador, no conforme con haber logrado en 2007 una reforma constitucional en materia electoral que respondió a todas sus exigencias, al día de hoy aprovecha la imprecisión de las normas para jugar con su interpretación y eludir su cumplimiento. Lo que parece estar ausente en la ecuación del precandidato único del PRD es que lo que vale para él también vale para su contrincante Peña Nieto.
El IFE, además de enfrentar el reto de operar con normas confusas -problema que de alguna manera ha resuelto el Tribunal Electoral- también carga con el falso mandato de regular todos los temas que pudiesen alterar, aunque de manera tangencial, el proceso electoral. De ahí que el precandidato del PAN, Santiago Creel, haya encomendado al IFE convocar a los candidatos presidenciales a firmar un pacto anticrimen para garantizar que no habrá recursos económicos o coercitivos por parte del narcotráfico en las campañas electorales. La viabilidad legal de esta solicitud es nula, por ello, el IFE no tardó en reaccionar con una clara negativa ante la propuesta. Sin embargo, el electorado, que no siempre conoce lo que la autoridad puede o no puede hacer, podría interpretar el acto como negligente o permisivo.
Por último, otro de los grandes retos que enfrentará el Instituto en los próximos meses tiene que ver con redes sociales e Internet. Si bien, el IFE sólo tiene el mandato de monitorear radio y televisión para los tres órdenes de gobierno -tarea que resulta por demás compleja pues implica cobertura de dos mil 319 señales registradas ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones- también deberá tomar en cuenta que el impacto de plataformas como Twitter, Facebook o Youtube, al convertirse en información viral, obligará a los medios tradicionales a retomar sus contenidos. Cuando ello suceda, las autoridades electorales posiblemente se enfrentarán a escenarios dónde no resulte claro si se rompe la ley o no. Más aún, el IFE deberá decidir si será la letra de la ley o la equidad en la contienda electoral lo que deberá prevalecer.
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