La marcha realizada el pasado 30 de julio contra la ola de inseguridad que vive el país, le dio a las organizaciones civiles una ventana de oportunidad única para posicionarse como generadores de propuestas concretas y evaluadores objetivos de la política de seguridad gubernamental. Ya pasaron tres semanas desde que se reunió el Consejo Nacional de Seguridad y se acordó la creación del Observatorio Ciudadano, y todavía no se percibe una propuesta condensada con elementos sustantivos de parte de la sociedad civil más allá del clamor “si no pueden, que renuncien”. El Observatorio Ciudadano podría ser el vehículo para unificar las demandas de la sociedad. Sin embargo, tanto en la marcha como en las negociaciones subsecuentes, quedó evidenciado que estas organizaciones representan a un grupo necesariamente limitado de la sociedad y no cuentan con la capacidad para integrar a la clase popular a sus demandas. Además, las diferencias y riñas entre las organizaciones consolidan la percepción ciudadana de la desconfianza en cualquier organismo –sea político o no– que pretenda ganar legitimidad sin pasar por un proceso democrático de elección representativa.
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