Recientemente, el PAN difundió un anuncio señalando algunos compromisos incumplidos de Enrique Peña Nieto. El PRI reviró denunciado la falsedad del contenido de los spots y, ante esto, Luis Videgaray, coordinador de la campaña priísta, prepara la denuncia contra Acción Nacional por difusión de campañas negativas. ¿Es esto realmente el inicio de una etapa de campañas de “contraste”?
Las campañas propositivas (positivas) fueron inicialmente el corazón de la democracia moderna pero, con el tiempo, los sistemas electorales fueron dando entrada a las campañas negativas. En México y el mundo, la discusión alrededor de las campañas negativas se mantiene dividida entre dos posturas. Por un lado, aquellos que abogan porque éstas añaden información relevante al análisis del ciudadano políticamente activo y, por otro lado, aquellos que aseguran que éstas sólo promueven una pérdida de confianza en la eficacia de los políticos y socavan la autoridad de las instituciones.
En México, la experiencia más cercana que tenemos al respecto sucedió durante la contienda electoral de 2006. A pesar de que sólo 23.6 y 33.3 por ciento de los mensajes de las campañas de Calderón y López Obrador, respectivamente, fueron ataques al adversario, en aquellas elecciones reinó la percepción de que había una predominancia de críticas y enfrentamientos entre los candidatos. Esto contribuyó a que se generara un clima de polarización social que devino en cuestionamientos sobre la compatibilidad de este tipo de campañas con la construcción de un entorno democrático y de paz social. Por esta razón, en 2007 se llevó la prohibición de las campañas negativas a la Constitución. El objetivo del legislador fue reforzar la norma para evitar el descrédito entre candidatos y, con ello, favorecer un nivel de debate de mayor calidad a las campañas.
En 2008 se establecieron distintas prohibiciones y sanciones para todos los posibles emisores de campañas negativas. En adelante, partidos, coaliciones, candidatos, concesionarios o permisionarios de radio o televisión y particulares “deberán abstenerse de emitir/transmitir/contratar expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas”. En este sentido, el Instituto Federal Electoral (IFE) es la autoridad a cargo de revisar contenidos, administrarlos y distribuirlos en tiempos oficiales. Sin embargo, la norma enfrenta tres problemas. Primero, la regulación solamente se aplica a medios masivos tradicionales como radio y televisión, dejando fuera otros medios alternativos como redes sociales/Internet. Segundo, el actual sistema de multas para partidos políticos parece no ser un factor de disuasión efectivo para partidos y concesionarios de radio y televisión. Los partidos tienen incentivos para lanzar sus campañas negativas y no preocuparse demasiado por las multas consecuentes. Tercero, ¿cuál será el criterio para determinar si un anuncio denigra o solamente describe hechos?
En suma, el Cofipe deja brechas importantes en términos de una normatividad efectiva que le dé al órgano electoral las herramientas adecuadas para limitar el comportamiento de los partidos políticos en materia de campañas negativas.
Lo anterior no debe distraer de un factor relevante en la actual contienda: la respuesta del equipo del candidato del PRI que, según las encuestas, lleva una amplia ventaja, fue extraordinariamente dura, lo que sugiere que la percepción de ese equipo es que la contienda está lejos de haber sido resuelta.
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