La primera polémica mediática de la reglamentación energética ya se está generando en torno a la liberalización del mercado de la gasolina. Este 10 de junio dio inicio el proceso de discusión en comisiones de los distintos dictámenes de leyes secundarias que implementarán la Reforma Constitucional y de los cuales el primero contempla la iniciativa de Ley de Hidrocarburos, uno de los ordenamientos más complejos y con mayores expectativas. El proyecto de decreto que envió el presidente Peña al Congreso indicaba que, a partir de 2017, se comenzarán a expedir permisos para expendios de gasolinas, concluyendo a partir de 2019 la exclusividad de Petróleos Mexicanos (PEMEX) para el suministro de combustibles. Adicionalmente, el proyecto de dictamen que votarán las comisiones unidas en el Senado adiciona varios cambios como el otorgamiento de facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) para anticipar la apertura, para 2019 y 2020, la liberalización de precios controlados de la gasolina al público. Asimismo, faculta a dicho órgano para poder proponer a la Secretaría de Energía (SENER) sanciones o condiciones a empresas productivas estatales (CFE y/o PEMEX) que obstaculicen la competencia.
Dejando de lado el ruido político alrededor de dichas decisiones, e independientemente de que sea correcta la nueva atribución del órgano antimonopolios para vigilar que la cancha de juego sea pareja, y castigar a los jugadores que realicen conductas ilícitas, la liberalización del mercado de las gasolinas planteará grandes dilemas que es necesario contemplar antes de la apertura en vista de construir un proceso eficaz para la misma. Actualmente, la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional (Art. 14 Bis) obliga a contar con contratos de franquicia a aquéllos que deseen distribuir gasolina y demás combustibles líquidos, restringiendo el comercio al por menor exclusivamente para los mexicanos. Ante la eventual entrada de nuevos jugadores al mercado, la posible participación de inversión extranjera y la desvinculación del suministro de PEMEX tendrán implicaciones en el corto y mediano plazo que afectarán directamente los intereses de muchos políticos mexicanos que han gozado de negocios particulares sin competencia; es decir, gasolineras otorgadas como prebenda política, y que han conformado por décadas monopolios locales o regionales. Este es tan solo un ejemplo del tipo de oposición a la reforma en sus diversos espacios. Nadie debe despreciarla.
Uno de los efectos del mercado monopólico de PEMEX enraizado en México por más de 70 años fue el suministro de gasolina que respondió en gran medida más a favores políticos y confabulaciones que a planeaciones eficientes de las estaciones de servicio en el territorio del país. Para cualquiera que haya conducido por las carreteras de México, es un fenómeno común el recorrer kilómetros y kilómetros sin poder encontrar una gasolinera. Por lo que, dado el conjunto actual de trámites y relaciones que se requieren para establecer una estación de servicio, y además involucran las autorizaciones de los tres niveles de gobierno (por ejemplo, permisos de uso de suelo, o de construcción), no será sorpresa conocer casos en que pintorescos alcaldes o políticos locales impongan creativas formas para impedir la entrada de la competencia, o que en el peor de los casos acudan a modalidades corruptas para cobrar moches, mordidas o cualquier otra modalidad deshonesta de salvoconductos.
Sumado a lo anterior, según los políticos, los precios de las gasolinas finalmente se reducirán en beneficio de los consumidores. En este sentido es esencial entender que las reducciones al subsidio de la gasolina han sido paulatinas y, aún con la disminución de éstos, el gobierno no puede afirmar que los precios bajarán. Es capital prever, por el contrario, que si los precios liberalizados obedecen a los movimientos de la oferta y la demanda antes de que entren nuevos inversionistas al mercado y comiencen su operación, la escasez de producto es un fenómeno plausible que podría generar una elevación dramática de los precios ocasionando caos e incertidumbre respecto al proceso liberador. El dilema es complejo. La respuesta correcta requerirá de una valoración precisa del día y la hora de liberar para garantizar un abasto razonable que permita precios de mercado equilibrados. ¿Serán de esto conscientes nuestras autoridades? Si nos atenemos a la retórica oficial, es muy probable que no lo sean.
La gasolina es tan sólo un microcosmos de los retos que enfrentará una reforma integral del mercado energético. Los dilemas son similares en cada ámbito que toca el monopolio petrolero, razón por la cual es explicable la complejidad de la reforma misma y la enorme diversidad de las fuentes de oposición que enfrenta. Mucha de esa oposición tiene explicaciones por demás simples, pero otras son extraordinariamente intrincadas. En este sentido, las optimistas declaraciones sobre tiempos y resultados no siempre son justificadas o razonables.
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